La publicación fue elaborada en el marco de la iniciativa Promoción de la Transición Agroecológica, llevada adelante por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la colaboración del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar y comunicar recomendaciones estratégicas y lineamientos para políticas y medidas que sirvan de insumos concretos para el Plan Nacional de Agroecología y posibles transiciones del sector agroexportador. Asimismo, procura contribuir con un debate nacional sobre cambios de estrategia del sistema agroalimentario uruguayo y el escalamiento de la producción sostenible.
La publicación profundiza en tres aspectos: las compras públicas, la certificación nacional y los intercambios regionales de productos agroecológicos mediante sistemas participativos de garantía y las transiciones del sector agroexportador.
Bizzozero dijo a Búsqueda (*) que “en materia de modificaciones en el marco normativo se deberán establecer mecanismos de contralor y de estímulo para el cumplimiento de la Ley 19.292 (que declaró de interés general la producción familiar) y, en particular, las reservas de mercado por parte de instituciones compradoras”.
La conformación de un “comité de seguimiento y monitoreo y la implementación de multas o amonestaciones a los compradores, con el fin de bregar por el cumplimiento de la ley en cuanto a transparencia de los llamados, sus características y contenidos, y el cumplimiento de las reservas” es otro de los planteos formulados.
Bizzozero recomienda “reglamentar e instrumentar la priorización de los productos familiares agroecológicos dentro de las compras estatales y establecer adicionalmente su valoración especial o diferenciada”.
Compras públicas
Respecto a las compras públicas sostenibles, Bizzorero destaca que “constituyen el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos, obteniendo el mejor valor por el dinero gastado en términos de generación de beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente”.
Las recomendaciones para políticas públicas propuestas por esa iniciativa proponen “escalar y ampliar la agroecología basada en la agricultura familiar y el movimiento agroecológico para impulsar el autoabastecimiento y la economía doméstica nacional”, sintetiza Bizzozero.
Complementariamente, se propone “avanzar en transiciones del sector agroexportador orientadas a una mayor sostenibilidad de sus actividades productivas”.
Certificación
En el capítulo de la certificación de productos orgánicos, el autor sostiene que “el decreto que regula la certificación registra incumplimiento de las obligaciones que recaen en el Ministerio de Ganadería (MGAP) y que las competencias atribuidas a la Dirección de Servicios Agrícolas de ese ministerio no han podido desarrollarse”.
“No se han podido determinar períodos de transición ni condiciones de elaboración y envasado; no se ha desarrollado una marca de certificación ni se han establecido normas para el etiquetado y procedimientos para venta directa ni equivalencias con otros países para importados (con excepción del Registro de la Red de Agroecología de Uruguay)”, cuestiona.
En ese aspecto, la publicación incluye una serie de recomendaciones, como “diseñar un plan estratégico de fortalecimiento del Sistema Nacional de Certificación Orgánica”. “El proceso debería ser liderado por la Dirección de Servicios Agrícolas” del MGAP y “contar con la participación de la Secretaría e integrantes clave de la CHPNA y actores del sector privado”, indica.
Bizzozero propone “desarrollar una marca y sello oficial”, que “tendrán sentido siempre y cuando se fortalezca el Sistema Nacional, se incorporen todas las entidades certificadoras que operan en el país y eventualmente se registren y habiliten nuevas entidades”.
Transiciones
En cuanto al tema de las transiciones del sector agroexportador, el informe indica que “los caminos por los cuales se ha transitado para desplegar el crecimiento y la expansión agropecuarios han producido una serie de impactos socioambientales, cuyo reconocimiento y valoración deben ser centrales en la construcción de transiciones sostenibles” para ese rubro de actividad.
“Estos involucran la disminución de agricultores familiares en el medio rural, el significativo aumento en el uso de agroquímicos, el deterioro de la calidad del agua y del suelo y la pérdida de biodiversidad”, señala.
El autor considera que “en el actual escenario de crisis socioeconómica es probable que la dinámica agroindustrial se enlentezca debido a dificultades en el desarrollo del margen extensivo”.
“La expansión de la frontera agrícola no es una vía para continuar un crecimiento de forma sostenible, ya que la tierra arable y el suelo fértil representan recursos finitos”, plantea.
Recomienda además que “la apuesta a una transición sostenible del sector agroexportador debería basarse en un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo, con lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo y con amplios niveles de participación públicos y privados”.
Como “posibles líneas de acción para implementar a mediano plazo, dentro del régimen de promoción de inversiones se sugiere (en el informe) reglamentar el artículo 13 de la Ley General de Medio Ambiente, incluyendo mejoras fijas relativas al tratamiento de los efectos ambientales de las actividades industriales y agropecuarias, dentro del alcance de los beneficios automáticos de la Ley de Promoción de Inversiones”.
Eso permitiría “inducir a las empresas a implantar medidas que incorporen acciones y tecnología para producción orgánica, ya que estas previenen impactos ambientales negativos y favorecen la mitigación o eliminación de daños ambientales”, sostiene.
Recomienda “revisar (disminuir o eliminar) la exoneración del 40% de la inversión en el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), correspondiente a fertilizantes fosfatados para praderas y transferir una similar exoneración para sistemas orgánicos”. Y “establecer exoneraciones de impuestos a biofertilizantes y bioplaguicidas habilitados por normativa orgánica”, entre otras acciones.
Link al video de la presentación:
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